(Libertad Digital) La vicepresidenta del Gobierno ha defendido la creación de una nueva ley del aborto y ha asegurado que en la elaboración del texto priman dos objetivos, por un lado que "las mujeres y los profesionales se sientan seguros y por otro que quede totalmente claro en qué situaciones se puede interrumpir el embarazo y en cuáles no".

De la Vega ha anunciado que "todos van a tener la posibilidad de dar sus opiniones y ser escuchados" y para ello habrá un grupo de expertos que trabajarán en la ley. Sin embargo, la política socialista no ha hablado sobre los miembros de esta comisión, formada exclusivamente por pro-abortistas. Para ella, la "política del Gobierno es promover una maternidad responsable y para ello queremos una ley de interrupción del embarazo garantista". Aunque si ha dejado claro que su fin último es "evitar los embarazos no deseados".

En este sentido, la vicepresidenta ha anunciado que la ley "quedará enmarcada en la Constitución" con el que pretenden "garantizar los mejores derechos para las personas para que en el ámbito en el que disponga la ley se puedan ejercer con tranquilidad y respeto". "No es un debate fácil, es un tema complejo y necesita soluciones complejas", ha espetado.

Varios colectivos comienzan a organizarse contra la nueva ley

Por su parte, varios colectivos como Hazteoir.org han anunciado una "gran movilización social" contra la nueva ley en lo que "será la próxima gran batalla por los derechos civiles". Al "Gobierno no le va a salir gratis sus imposiciones contra la mujer y contra el derecho a la vida", ha sentenciado.

Esta organización ha denunciado que se "juegue con el derecho a la vida de los más débiles para disimular la pavorosa crisis económica que sufren los españoles por culpa de la inacción del señor Rodríguez Zapatero. Los ciudadanos no demandan más aborto, demandan más trabajo".

Por otra parte, Blanca Escobar, portavoz de HazteOir.org y asesora jurídica del movimiento por los derechos civiles, cuestiona la viabilidad jurídica de una ampliación del aborto."Una Ley de plazos como la que quiere imponer el Gobierno es inconstitucional", ha advertido.